LA TREMENDA CORTE Y LA SALUD MENTAL
En un giro inesperado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha abordado en sesión plenaria, el análisis de la Acción de Inconstitucionalidad 186/2023, que versa sobre el derecho de las personas con discapacidad psicosocial a ser consultadas en procesos legislativos que les afectan. Este hecho ha generado un intenso debate en torno al enfoque que se le brinda a la salud mental en México y a la forma en que se entiende la discapacidad en este contexto.
Durante la discusión, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf realizó comentarios que han sido calificados como estigmatizantes y discriminatorios, al referirse a las personas con trastornos psiquiátricos en términos que minimizan su condición y derechos. Dichas declaraciones han encendido la alarma entre organizaciones dedicadas a la defensa de la salud mental, como la Red Orgullo Loco México, y han puesto de manifiesto la necesidad de contar con expertos que puedan aportar una perspectiva fundamentada en los derechos humanos y en la experiencia de quienes viven estas realidades.
Las reacciones no se hicieron esperar. Diversos actores y representantes de las personas con diagnósticos psiquiátricos han puesto de relieve la histórica asociación errónea entre trastornos mentales y supuesta peligrosidad, reconociendo que este prejuicio ha facilitado en el pasado múltiples violaciones a sus derechos. Es importante destacar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México en 2007, garantiza la protección de todos aquellos afectados, subrayando que la discapacidad psicosocial debe entenderse desde un enfoque de derechos humanos y no meramente como una categoría médica.
En ese contexto, se hace un llamado a las autoridades sanitarias y judiciales para que fortalezcan sus conocimientos y escuchen las verdaderas necesidades de la población que se enfrenta a diagnósticos y tratamientos injustificados. Se resalta la urgencia de implementar alternativas de apoyo que trasciendan el entorno hospitalario, aliviando la carga que históricamente ha recaído sobre las familias, y promoviendo políticas públicas que aseguren el acceso a la vivienda, salud y autonomía comunitaria.
Asimismo, se exige que la nueva conformación de la Suprema Corte incorpore una perspectiva sólida en derechos humanos, reconociendo la capacidad jurídica de todas las personas, prohibiendo tratamientos involuntarios y desvinculando la discapacidad psicosocial del estigma de la peligrosidad. La inclusión de voces expertas, especialmente aquellas con experiencia vivencial, resulta esencial para lograr decisiones justas y respetuosas de la dignidad humana.
Desde la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario (AMDPC) se ha manifestado la disposición a colaborar tanto con organismos gubernamentales como con entidades privadas, brindando el respaldo de especialistas en salud mental para impulsar un cambio en el abordaje y tratamiento de esta problemática. Para las personas que enfrentan dificultades en esta área, es fundamental conocer que cuentan con apoyo y alternativas que garantizan su derecho a una vida digna y participativa.
Finalmente, en un contexto de transformación en el Poder Judicial, resulta crucial que tanto las leyes como las políticas públicas sean interpretadas y aplicadas bajo un enfoque de derechos, garantizando el respeto y la inclusión de todas las personas, sin caer en consideraciones simplistas o prejuicios infundados. Para ampliar información y mantenerse al tanto de estas iniciativas, se puede consultar la fuente original en el enlace proporcionado.