Durante Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, la diputada Mayela Salas Sáenz, hizo uso de la tribuna para presentar la iniciativa que reforma el artículo 99 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, relativo a la Extinción de Dominio.
Señaló que la Extinción de Dominio es una herramienta jurídica del estado, para combatir los delitos y a sus perpetradores justamente en donde radica mucho de su poder, que es en el aspecto económico y en las ganancias que les generan dichas actividades ilícitas, es decir, la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes, declarada por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal, ni para quien, por cualquier circunstancia, posea o detente los citados bienes.
Salas Saénz, recordó a los legisladores que el 9 de agosto de 2019 entró en vigor la “Ley Nacional de Extinción de Dominio”, misma que ordena a los estados armonizar las leyes locales, por lo que prácticamente en Michoacán es letra muerta desde el 10 de agosto de ese año, a falta de los trabajos legislativos que permitan proveer dicha ley.
Si bien los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, son competencia de la federación, los delitos derivados de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, secuestro y extorsión, si son de jurisdicción estatal.
“Ésta reforma es un mandato de ley, no es buscar culpables, es cumplir con la norma, no es una persecución política, es simple y llanamente justicia. Quien obtenga ganancias a través de un hecho ilícito y las esconda a través de un tercero, éste delito no puede quedar impune, sean ciudadanos o servidores públicos”, sentenció Mayela Salas frente a la 75 Legislatura.
Por último, la diputada Salas agradeció a los legisladores que se adhirieron a esta iniciativa que busca brindar justicia y certidumbre, no solo a quienes han sido víctimas de alguno de los delitos estipulados en la Ley de Extinción de Dominio, sino que también brinda protección a la población general, al cortar a los delincuentes sus fuentes de ingresos derivados de actividades ilegales.